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Líderes q'anjob'ales acusados por defender los bienes naturales, aún siguen esperando justicia

Por: Simón Antonio y Nelton Rivera

El 3 de mayo 2018 en la ciudad capital, se programó la audiencia de primera declaración de varias autoridades ancestrales del pueblo maya q´anjob´al de los municipios de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, acusados injustamente, detrás están los empresarios de las hidroeléctricas.

Doña María Toledo Juan, Juana Malín Toledo, Elsita Toledo, Alfredo Baltazar, Emigdio Florentín y Diego Marcos han tenido que esperar tres años para resolver su situación jurídica ante el Juzgado de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Claudette Domínguez, pero nuevamente se suspendió la audiencia. Para ellas y ellos, estas acusaciones llegaron porque ellos se oponen pacíficamente a la instalación de las hidroeléctricas, como ocurrió con los presos políticos dos años atrás.

Este es un caso paradigmático, los seis fueron acusados por trabajadores del Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia, fueron dos denuncias, una en la audiencia realizada en 2014 y la otra en 2015, ambas se conexaron en un solo expediente.

La acusación la realizaron varios trabajadores del Ministerio Público (MP) y del Organismo Judicial (OJ), que tienen que ver con las acciones y procesos penales realizadas por las empresas hidroeléctricas Hidro Santa Cruz y Promociones de Desarrollo Hídrico SA –PDHSA-, ubicadas en Barillas y San Mateo Ixtatán.

En el año 2016, varias de las autoridades ancestrales tuvieron que enfrentar un debate oral y público en el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Jazmín Barrios, durante este juicio el Tribunal absolvió a siete autoridades comunitarias, misma acusación que por tres años han intentado resolver el resto de criminalizados. Sí Creo En Su Inocencia

El Tribunal de Mayor Riesgo A, en 2016 confirmó con su sentencia que estas acusaciones realizadas por los trabajadores del CAJ de Santa Eulalia respondían a una estrategia de las empresas hidroeléctricas para encarcelar a las autoridades ancestrales y comunitarias por su rol de defensa de los bienes naturales y de proteger los derechos de los pueblos indígenas.

Los hechos de Poza Verde 2013

El primer hecho del expediente 13005-2013-239 sucedió el 23 de enero de 2014, cuando se realizó la audiencia de primera declaración de Arturo Pablo, Sotero Villatoro, Francisco Juan Pedro y Diego Marcos, acusados por la supuesta retención de trabajadores de la hidroeléctrica Santa Cruz, en el lugar conocido como Poza Verde el 7 de abril de 2013.

Ese día tanto a Arturo Pablo, Sotero Villatoro y Francisco Juan Pedro, se les dictó prisión preventiva, cuando los delitos por los que se les acusaba permitían medida sustitutiva. Los familiares que los esperaban en los alrededores del CAJ, comenzaron a exigir información y la libertad a las autoridades comunitarias, lo que hizo que el juez realizara una audiencia de revisión de medida de coerción, dejándolos en libertad y regresaron a sus casas ese día.

Los hechos de Pojom en 2015

El expediente 13005-2015-00109 del segundo hecho, ocurrió en el CAJ el 19 de enero y la madrugada del 20 de enero de 2015[1]. En horas de la tarde del 19 de enero un grupo de pobladores de Santa Eulalia se dirigieron al CAJ tras conocerse la detención de dos personas en la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán, donde se construye la Hidroeléctrica PDH, S.A.

Sin embargo, la situación se tornó más tensa cuando el coordinador del CAJ, Pascual Tiu Zapeta se negaba a dar información del lugar en donde se encontraban detenidos los jóvenes, llegó una delegación de pobladores de Pojom, para saber la situación de sus vecinos, que fueron transportados en helicóptero y en la orden de detención aparecía la firma del coordinador Tiu Zapeta.

A altas horas de la noche, Tiu Zapeta buscó al juez de turno en su residencia para saber si era posible realizar una audiencia de primera declaración y revisión de medidas de coerción. La audiencia se realizó en horas de la madrugada resolviendo la libertad inmediata de los detenidos. Ese mismo 20 los dos jóvenes de Pojom recuperaron su libertad.

Los otros acusados en este proceso

Por estos hechos también fueron procesados el abogado Pedro Robel Toledo detenido el 3 de octubre de 2015 y un mes después recuperó su libertad por falta de méritos. Mientras Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez detenidos el 24 de marzo de 2015[2] luego de permanecer 1 año 8 meses en prisión, salieron libres el 22 de julio de 2016.

Domingo Cristóbal fue detenido el 26 de octubre de 2016 en Huehuetenango luego de participar en una movilización nacional de CODECA, el 8 de noviembre recuperó su libertad[3] y el proceso en su contra fue clausurado por el juzgado de Mayor Riesgo A.



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