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Huehuetenango, el ingobernable

Publicado por Jolom Konob', a las 23:13 horas, del miércoles, 1 de abril de 2015.

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Por Elsa Coronado
El norte de Huehuetenango es una olla de presión a punto de explotar. A los asesinatos, quema de maquinaria, retenciones y secuestros que han marcado la conflictividad del área en los últimos tres años, se suma la salida de jueces, fiscales y defensores públicos que huyeron despavoridos. La justicia aquí está temporalmente clausurada.
Nota del editor(CONTRAPODER): esta nota fue publicada en la edición 92, el 20 de febrero de 2015.
Habitantes de Santa Eulalia, reunidos en la cabecera municipal para exigir a la Policía que se retirara del pueblo. Foto: Prensa Comunitaria, octubre 2013.

Desde hace varias semanas se escucha en la capital una inusual historia que ocurrió en Santa Eulalia, Huehuetenango, a mediados de enero. Cuentan que el juez de instancia fue sacado en plena madrugada de la pensión donde vivía. Una turba, que apenas le dio tiempo de vestirse, lo obligó a abrir el centro de justicia, celebrar una audiencia y ordenar la libertad de dos hombres acusados de homicidio que la Policía había capturado el día anterior.
Ocurrió el 20 de enero, a menos de 24 horas después de que fiscales y policías antimontines llegaron a la aldea Pojom, de San Mateo Ixtatán, para cumplir con diez órdenes de captura de supuestos implicados en el homicidio de un lugareño, en noviembre pasado.
La población intentó oponerse. Los niños y las mujeres formaron una valla y la Policía usó bombas lacrimógenas para abrirse paso. Durante el enfrentamiento, los hermanos Jesús Pedro y Casimiro Mateo Mateo, dos jóvenes de la comunidad, fueron detenidos y trasladados en helicóptero hasta la cabecera departamental.
Inconformes con la detención, los vecinos de los hermanos Mateo se organizaron para retener a la delegada de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos en San Mateo Ixtatán y a la jueza de Paz de Barillas, mientras otro grupo se trasladó a Santa Eulalia, donde se encuentra el Centro de Administración de Justicia (CAJ), para retener a varios empleados del complejo, incluido el juez.
Este edificio permanece cerrado desde el 20 de enero de 2015. Los operadores de justicia huyeron del lugar. Foto: Prensa Comunitaria.
Este edificio permanece cerrado desde el 20 de enero de 2015. Los operadores de justicia huyeron del lugar. Foto: Prensa Comunitaria.
El edificio concentra a los juzgados de paz y de primera instancia, al Ministerio Público, la Defensa Pública Penal, el Bufete Popular, al Centro de Mediación del Organismo Judicial y la estación policial. Desde ahí se imparte justicia para los ocho municipios del norte de Huehuetenango.
La madrugada del 20 de enero, la turba obligó al juez Marlon Interiano a ordenar la libertad de los hermanos Mateo. El alcalde fungió como testigo mientras otros siete trabajadores del juzgado permanecían retenidos.
Ese día, el juez y los otros trabajadores del centro de justicia abandonaron el pueblo. Lo hicieron a través de una ruta alterna, entre montañas, hasta llegar a la cabecera de Huehuetenango. No fue posible obtener sus versiones de lo sucedido; el relato se arma con los testimonios de varias personas que participaron u observaron en silencio la turba.
Los disturbios se disolvieron cerca del mediodía, cuando el obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, llegó a calmar los ánimos. Pero desde entonces, el centro de justicia para todo el norte de Huehuetenango permanece cerrado. Solo se quedó la estación de la Policía. El resto de trabajadores tiene miedo de volver.
La clausura del edificio se suma a una serie de acontecimientos registrados en los últimos tres años en el triángulo que forman San Mateo Ixtatán, Santa Eulalia y Barillas, los tres municipios que concentran la mayor conflictividad de Huehuetenango.
Maquinaria quemada en Barillas, municipio de Huehuetenango en 2012.
Maquinaria quemada en Barillas, municipio de Huehuetenango en 2012.
Desde 2012, se ha registrado en el área la muerte de un líder comunitario y un soldado, la quema de maquinaria de dos hidroeléctricas, una finca y una constructora. El Gobierno declaró un estado de excepción e instaló un destacamento militar. También se armó una mesa de diálogo para resolver la crisis y quedó desbaratada por falta de acuerdos. El norte huehueteco es una olla de presión, en plena ebullición, a punto de explotar.
Los ocho municipios de la región norte huehueteca –Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, Barillas, San Pedro Soloma, San Juan Ixcoy, San Rafael la Independencia, San Sebastián y San Miguel Coatán– concentran el mayor de los problemas que alteran el orden social de todo el departamento: la oposición a las hidroeléctricas seguida por los problemas generados por la distribución de energía.
Según el mapa situacional de los conflictos sociales identificados por el Ministerio de Gobernación (Mingob), el rechazo a la generación de energía hidráulica se ha convertido en un problema social que divide a los pobladores de un mismo territorio. La situación ha empeorado desde 2012, especialmente en Barillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán.
A pesar de que en varias comunidades de estos tres municipios hay rechazo a megaproyectos relacionados con la explotación de los recursos naturales, desde 2008 empezaron a llegar las empresas desarrolladoras, con la intención de usar los afluentes para generar energía.
Actualmente hay tres proyectos hidroeléctricos con autorización para construir: el de Hidro Santa Cruz, en Barillas, y los dos de Promoción de Desarrollos Hídricos, S.A. (PDHSA) en San Mateo Ixtatán.Además, hay tres en trámite en este último municipio, Santa Eulalia y San Pedro Soloma.
Si se pusieran en marcha estos seis proyectos, Huehuetenango se convertiría en el tercer departamento del país con más potencial hídrico (198.49 megavatios –mw– incluidos dos proyectos menores a 2.5 megavatios) después de Alta Verapaz (764.09 mw) y Quiché (413.74 mw).
Tres de estas hidroeléctricas ya tienen el permiso del Ministerio de Energía y Minas, pero ninguna cuenta con la “licencia social”, o la autorización de la comunidad para operar.
Al mismo tiempo, en San Pedro Soloma, San Juan Ixcoy y, también, Barillas, se desarrolló una oposición a la construcción de líneas de transmisión eléctrica y se escucha que hay comunidades que realizan conexiones ilegales de energía, tal como ocurre en otros 18 municipios de los 32 de Huehuetenango. En esta zona también hay un conflicto limítrofe que mantiene en disputa a los habitantes de los caseríos Kaibil Balam y Xalbal, entre Barillas e Ixcán, Quiché.
Desde 2012, el Gobierno ha intentado mediar para solucionar el conflicto. El Sistema Nacional de Diálogo convocó a los alcaldes de los ocho municipios, líderes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y del movimiento social que rechaza los proyectos hidroeléctricos para entablar un consenso que devolviera la paz a la región. David Arias, gerente del Sistema, refiere que a pesar de la intervención de su personal, del presidente Otto Pérez Molina y del obispo Ramazzini, nada funcionó.
La última reunión se realizó en octubre de 2013. Reparar lo que empezó mal, por la falta de información y adecuada socialización de los proyectos, no deja espacio para la conciliación. A los opositores no les interesa sentarse a la mesa, a menos que el Gobierno acceda a retirar a las fuerzas de seguridad, que se revoquen las órdenes de captura y las licencias de los proyectos, lo cual no ha sucedido. Con el paso del tiempo la controversia se torna más difícil de resolver.
El escenario del conflicto
Santa Eulalia, Huehuetenango.
Huehuetenango es uno de los departamentos del país que concentra la mayor cantidad de población indígena, rural y los más altos índices de pobreza extrema, desnutrición infantil, mortandad materna y ausencia del Estado.
Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), evaluó en 2010 la presencia del Estado en todo el país. La zona norte de Huehuetenango figuraba con los más bajos porcentajes de presencia gubernamental. Ahí la policía tiene poca presencia, hay insuficientes centros de salud y solo existe un centro de justicia (el de Santa Eulalia) para toda la región norte y ahora está cerrado.
Los efectos de ese vacío institucional son evidentes. Solo hay una carretera de acceso desde la cabecera de Huehuetenango que pasa por Soloma, Santa Eulalia, San Juan Ixcoy, San Mateo Ixtatán y Barillas. Para llegar a las comunidades más lejanas solo hay caminos de terracería.
Esas largas distancias, explica el sociólogo Gustavo Porras, reflejan el grado de distanciamiento de esas comunidades con el Estado guatemalteco. Un abandono histórico que no se ha resuelto con la llegada de las empresas de desarrollo hídrico, pues no hay certeza de que las comunidades obtendrán beneficios como energía eléctrica y acceso a servicios en un futuro cercano.
A diferencia de la industria minera, que está obligada a pagar regalías al Estado, las hidroeléctricas no tienen ese compromiso. Son opcionales y voluntarios los proyectos de responsabilidad social y la socialización de los planes que llevan a cabo con las comunidades.
Otro factor que ha abonado a la resistencia a las hidroeléctricas es el tipo de organización en la zona norte del departamento. Los ocho municipios tienen un vínculo idiomático: allí se habla chuj, akateko, español y, principalmente, q´anjob´al.
En todas estas comunidades se han realizado consultas de buena fe, para rechazar la minería y otros megaproyectos. La negativaunificada ha servido para darle impulso a la formación del Gobierno Plurinacional. Esta organización social, de la que no se conocen estatutos o lineamientos, ha incidido para evitar la explotación y el uso de los ríos.
La formación del Gobierno Plurinacional y la conflictividad en el área, según Porras, es una consecuencia de la frustración por los pocos beneficios que generaron los Acuerdos de Paz y el fallido despegue del proyecto político revolucionario después del conflicto armado interno. El escenario, afirma, convierte a la región en el “reino de las medidas de hecho”, donde se ha organizado una “minoría beligerante” que es la que tiene en jaque a las autoridades locales y al gobierno central.
El rostro de la oposición
Santa Eulalia, Huehuetenango.
Rigoberto Juárez es un maya q´anjob´al y un excombatiente guerrillero del Ejército Guerrillero de los Pobres que se exilió en México en la década de los 80. Ahora es el vocero del Gobierno Plurinacional y el rostro más conocido de la oposición a las hidroeléctricas.
El movimiento social, como también se conoce a esta agrupación, se formalizó luego de la llegada de los proyectos (en 2008) y ha liderado los reclamos, pacíficos y violentos, en contra de las empresas que buscan asentarse en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia.
La organización utilizaba la radio Jolom Konob como medio de difusión de sus posturas. Una estación comunitaria en frecuencia modulada que operaba desde hace 15 años en un local de la Municipalidad de Santa Eulalia. El alcalde ordenó su cierre el 20 de enero pasado, luego de que los pobladores lo obligaron a él y al juez Interiano a dejar libres a los hermanos Mateo.
Rigoberto Juárez es visto entre las comunidades opuestas a los proyectos como uno de sus líderes. Desde 2012, cuando se ordenó el estado de excepción en Barillas, ha sido uno de los voceros de la oposición que participa en las mesas de diálogo y da declaraciones a los medios de comunicación.
El viceministro de Seguridad, Eddy Juárez, señala que el Gobierno Plurinacional puede compararse con los 48 cantones de Totonicapán, con la diferencia de que en occidente se observa un sistema democrático en la elección de sus autoridades, mientras que en la organización huehueteca no se ve rotación de liderazgos.
El viceministro identifica a Rigoberto Juárez como el promotor de las manifestaciones violentas. El líder que desinforma, al que no pueden detener porque no participa en las manifestaciones. Este gobierno paralelo ha girado instrucciones para que la comunidad alerte de la presencia de las fuerzas de seguridad en sus territorios. Se ha conocido de casos en los que distribuyen boletines para instruir sobre cómo detener e interrogar a cualquier funcionario o extraño que llegue a la zona.
Juárez dice que estas medidas son precautorias. La experiencia vivida durante el conflicto armado, el estado de excepción que les impuso el Gobierno, la instalación de destacamentos militares y la represión que sufren sus liderazgos, los han obligado a prever cualquier amenaza.
El alcalde de San Juan Ixcoy, Jorge Mateo Ramírez, reconoce la autoridad del Gobierno Plurinacional, pero Donato Santizo, el edil de San Mateo Ixtatán, asegura que no tiene información sobre sus líderes.
Una nación en un pueblo dividido
El mejor ejemplo de cómo la nación Q´anjobal, Chuj y Akateka está dividida a causa de la llegada de las hidroeléctricas es Pojom, una aldea de 600 familias ubicada en San Mateo Ixtatán.
Los disparos al aire, las agresiones verbales y físicas y por lo menos dos asesinatos registrados en noviembre pasado representan esa división de opiniones. “Yo he advertido que esto está fuera de control, pero no me hacen caso”, se queja Santizo. El alcalde de San Mateo Ixtatán volvió al pueblo en 2011 de Estados Unidos. Como muchos lugareños, emigró para conseguir más oportunidades de trabajo y ayudar al sustento de su familia. Al regresar, le ofrecieron participar en la disputa electoral.
En Pojom no hay alcalde auxiliar. Cada grupo quiere tener a su líder y “eso no se puede”, señala Santizo. El alcalde, quien buscará la reelección a pesar de los conflictos que enfrenta, dice que ya le advirtieron que no debe organizar reuniones para hablar de la hidroeléctrica. “Me dicen que si lo hago, que me atenga a las consecuencias, por eso prefiero no hablar, ser neutro”, afirma.
La resistencia al proyecto ubicado en Ixquisis también afecta a los niños y adolescentes. Un director de escuela le comentó al alcalde que los alumnos se atacan fuera del establecimiento según los bandos que representan sus padres.
Esa misma rivalidad también obstaculiza el acceso a la justicia. En noviembre pasado, Mateo Alonzo Mateo, habitante de Pojom, fue secuestrado y asesinado. Los pobladores que se reunieron para rezar por él fueron atacados a tiros por cuatro hombres; murió un adolescente. Los ánimos estaban tan alterados que el alcalde temió una masacre entre vecinos.

“Yo he advertido que esto está fuera de control, pero no me hacen caso”.

Donato Santizo, alcalde de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.



Para ayudar a calmar los ánimos, fue necesaria la presencia del obispo Ramazzini, quien gestionó el ingreso de un reducido número de policías que acompañó al fiscal a recoger los cuerpos y las evidencias.Dos meses después ocurrieron las capturas, la liberación obligada de los hermanos Mateo y el exilio del juez Interiano y de los trabadores del CAJ.
Rigoberto Juárez justifica la acción. “El juez se dio cuenta de que el MP acusó sin evidencias”, dice. A partir de este acontecimiento, la Corte Suprema de Justicia autorizó que todo el personal del centro de justicia en Santa Eulalia se trasladara a la cabecera departamental. La justicia en el norte de Huehuetenango está temporalmente clausurada.


Fuente: CONTRAPODER


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+ comentarios + 3 comentarios

Anónimo
2 de abril de 2015, 21:35

Con esta aclaración creo que es de analizar. pregunto y porque surgió la guerrilla en aquellos años. quienes fueron los causantes.
y si los gobiernos son los culpables de las masacres y ahora que. acaso hoy no quieren que los pueblos se dieran cuenta y a si seguir desgraciando al individuo lo peor es que la guerra ya no se esta realizando en las montañas. hoy el gobierno esta usando como aliados a los jueces. ministerio publico y la policía nacional civil al mismo tiempo a los que las empresas le anda pagando el sueldo mensual. y los llevaron a la ciudad para usarlos como testigos falsos. en contra de los que se oponen a la instalación dichas empresas ANALICE QUIEN TIENE LA RAZÓN

Anónimo
2 de abril de 2015, 22:04

párese que los niños que sufrieron la querrá en los 80 ya no son niños son personas adultas y quien sean el gobierno que vuelva a provocar. el pueblo tiene la respuesta por que párese que ya no quieren pasar otro año istorico de los 80

Anónimo
23 de abril de 2015, 0:04

Por un lado están los 36 años de guerra que sufrió guatemala, por otro lado está la lucha de los pueblos mayas desde hace 500 años; son dos cosas diferentes.
Desde 1524 llegan los españoles a invadir a guatemala, desde ese año hasta nuestros días los pueblos mayas han luchado para que se respeten sus derechos y que puedan gobernarse asi mismos. La lucha que está llevando a cabo el pueblo q'anjob'al es parte de la lucha histórica desde la llegada de los españoles que empezaron a quitarles las tierras a nuestros antepasados y nos lo quieren seguir quitando ahora.
Ahora la guerra de 36 años. La guerrilla nació del ejército de guatemala en los años 60, cuando un grupo de oficiales se rebelaron contra las políticas del gobierno de ese tiempo. Fueron influenciados por las dos ideologias que imperaban en el mundo en ese tiempo que eran: el capitalismo y el comunismo, pero el comunismo desapareción en el año de 1991. Y en el año 1996 se firma la paz en guatemala, pero de los acuerdos de paz no se ha cumplido nada, he allí porque la lucha de los pueblos indígenas continúa.

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