FERIA 2012

Presos políticos libertad

La libertad de expresión es un derecho irrestricto, no puede ser restringido.

Ambas consignas cobran mucha validez hoy en Guatemala, ya que continúa una estrategia para criminalizar a líderes sociales (incluyendo la muerte violenta de Pascual Pablo Francisco) y se sigue limitando la libre emisión del pensamiento mediante el asesinato de periodistas, agresiones a comunicadores y medios alternativos, así como la descalificación de voces opositoras.

La detención de don Rigoberto Juárez y don Domingo Baltazar, líderes indígenas que tienen un amplio reconocimiento social en 16 municipios de Huehuetenango, y la autorización gubernamental para que funcione una Fundación contra el llamado terrorismo mediático, son hechos recientes que no pueden pasar desapercibidos en un país donde es “común” calificar de terroristas a quienes en defensa de sus territorios rechazan los proyectos extractivos de grandes empresas. Imposible separarlos. Columnistas, productores de informes especiales y voceros empresariales nombran terroristas sin mesura alguna a todas las personas opositoras al modelo extractivista. Estos coinciden además en asegurar que las empresas inversionistas son respetuosas de la ley, benefician a la población, traen progreso al país y no dañan los bienes naturales.

La captura de ambos líderes, quienes viajaron a la capital para denunciar los ataques contra la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob, de Santa Eulalia, Huehuetenango, es considera por otras fuentes como una detención ilegal que se suma a otros procesos que criminalizan la lucha social, por ello son considerados presos políticos. Varias agrupaciones sociales, campesinas e indígenas, entre ellas, el Consejo de Pueblos de Tezulutlán y la Coordinación Nacional Maya Waqib’ Kej, demandan su libertad inmediata. Don Rigoberto y don Domingo, al igual que otros representantes como Bárbara Díaz, Timoteo Chen, Saúl Méndez, Rogelio Velásquez, Arturo Pablo, Francisco Juan y Adalberto Tello (todos presos políticos) han ejercido su derecho a la libre emisión del pensamiento al rechazar de manera pública los megaproyectos empresariales y exigir respeto a las consultas comunitarias.

Defender la libertad de expresión pasa hoy por la promoción del pluralismo y el debate político, ello se contradice cuando el Gobierno legitima a una agrupación que supuestamente asesorará a víctimas de terrorismo mediático, a pesar de ser ilegal, según abogados constitucionalistas, y considerarse una amenaza para inhibir los enfoques críticos y emancipadores. Este derecho también se coarta cuando se tolera que un alcalde impida el funcionamiento de una radio comunitaria y se minimizan o ignoran las denuncias de amenazas y ataques contra medios y comunicadores sociales.

Se limita el libre acceso a la información cuando los materiales periodísticos describen como “bochinches” o delitos las acciones de protesta y movilizaciones sociales, al igual que cuando invisibilizan los contextos que explican las razones de la indignación y los atropellos cometidos por funcionarios gubernamentales y empresariales. Garantizar la libertad de expresión incluye además un compromiso por parte de los medios de comunicación en el sentido de evitar la criminalización de las fuentes opositoras, el público usuario tiene el derecho de conocer voces contrarias a las tradicionales, expresiones críticas al neoliberalismo, el patriarcado y el racismo, al igual que alternativas encaminadas a superar las desigualdades sociales y las imposiciones de los poderosos.



ROSALINDA HERNÁNDEZ ALARCÓN
28 MARZO 2015

Publicado en elPeriódico



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