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Pueblos sin electricidad, pero con claridad

Se provoca a las comunidades al negarles su derecho a decidir.

Anamaría Cofiño K.


Los diarios de la semana dieron una noticia que impacta por el tono con que se lanza, en un entorno de por sí crispado. La Corporación Internacional de Inversiones (CII), que promueve el fortalecimiento de empresas privadas, otorgó sendos préstamos millonarios para la construcción de dos centrales hidroeléctricas de generación, transmisión e interconexión de energía eléctrica en la zona de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, frontera con México.

Desoyendo la clara y abierta oposición comunitaria a ese modelo de desarrollo extractivista, –manifestada en consulta comunitaria en 2007– el Ministerio de Energía y Minas sigue concediendo el uso de varios ríos a compañías transnacionales por 50 años, prorrogables. En su jerga comercial hablan del agua como recurso renovable y de la tierra como espacio donde van a instalar torres y atravesar cables, como si fueran mercancías, y no complejos sistemas interdependientes entre sí, fundamentales para la vida de las comunidades.

Un ingeniero experto ambiental con quien conversamos opina que uno de los problemas más graves del uso de los ríos es que no se regula cuánto porcentaje de sus caudales se va a salvaguardar para evitar el daño a los ecosistemas y a las comunidades. Desde su perspectiva, “se está vendiendo para beneficio privado un bien de todas las personas, puesto que no se le paga al Estado ni un centavo por el uso de los ríos”.

La lectura de documentos públicos de las compañías es pasmosa por la ambigüedad y el descaro con que plantean sus intenciones. En una página de la CII afirman que “los hábitats forestales naturales que quedan son limitados”; evidencian que los estudios de impacto ambiental se realizan por parte de consultores contratados por ellos mismos, bajo sus particulares criterios; aseguran que las poblaciones son conscientes de que “la instalación de generadores no les proporcionará energía para sus viviendas y pueblos de manera automática”; más clásico aún: ofrecen subsidios para pago de los maestros, construcción de clínicas, clases de informática para los niños. Las empresas dicen que han consultado a representantes y autoridades locales, pero ¿por qué no se atreven a convocar a Asambleas Comunitarias? Penoso, porque tratan a la gente como si fuera tonta e ignorante.

El alcalde de San Mateo, Donato Santizo, asegura que los integrantes del concejo municipal no han hecho “ningún compromiso con las empresas mientras haya conflicto con las comunidades. Si solo van a venir a llevar los recursos, a la gente no le va a gustar”.

La percepción de los habitantes de Huehuetenango es que se está provocando a las comunidades al vedarles su derecho a participar en la toma de decisiones que afecten su futuro. En palabras de un abogado conocedor del problema, la forma más justa de acceder a la energía sería que cualquier proyecto sea llevado de forma democrática y transparente para que las comunidades puedan conocer, tomar una decisión consultada y a partir de eso, entrar en la negociación de las condiciones. Algo que los inversionistas debían considerar.

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