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Opinión sobre el caso de Baillas con Hidro Santa Cruz

Violencia estructural
La violencia política en Guatemala es un continuum del terror estatal que ha atentado y atenta con fuerte saña contra la dignidad de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Es imposible ver con indiferencia cómo la violencia política en este país no ha cesado; más aún cuando observamos la respuesta irresponsable de las diputadas y diputados que respaldaron el estado de Sitio decretado por el presidente Otto Pérez Molina en el municipio de Santa Cruz Barillas.




POR FRANCISCA GÓMEZ GRIJALVA

Muchas organizaciones sociales han expresado su repudio contra esta medida y han manifestado su preocupación por la integridad física, emocional y espiritual de las mujeres porque las violaciones sexuales, en tanto crímenes de lesa humanidad, se siguen perpetrando en este país 15 años después de la firma de los “Acuerdos de Paz”. Por ejemplo, durante el Estado de Excepción y el Estado de Sitio decretado por el gobierno anterior en San Juan Sacatepéquez y Alta Verapaz, así como en los violentos desalojos realizados en el Valle del Polochic, muchas mujeres maya kaqchikel y q´eqchi´ fueron violadas por tropas del ejército y agentes de la Policía Nacional Civil.

Ahora, con el pretexto de la propiedad privada, desde el Congreso de la República se aprueban leyes que amparan a las élites económicas nacionales y extranjeras para seguir despojando territorios y explotando la fuerza de trabajo con violencia. Eso sí, a la ciudadanía excluida y empobrecida se le niega el derecho a la propiedad privada. Por ello, cuando las personas defienden sus derechos territoriales se les acusa de desestabilizar el orden público. De hecho, para justificar el estado de Sitio en Santa Cruz Barillas, se ha censurado a las lideresas y líderes como sediciosos, agrego: sediciosas.

En este país, las leyes las diseñan las oligarquías y las diputadas y diputados las firman. De esa forma impunemente violan los derechos sociales, políticos y económicos de las guatemaltecas y guatemaltecos. Al respecto cabe preguntarse ¿hasta cuándo en este país vamos a permitir que las y los congresistas trabajen para las empresas nacionales y transnacionales? Es claro que no están cumpliendo con su obligación de velar por las necesidades, la seguridad y los derechos de la ciudadanía, pero sus salarios provienen de nuestros impuestos.

Difícilmente la hidroeléctrica Santa Cruz va a contribuir al desarrollo de Guatemala, si su propietario Luis Castro Valdivia, originario de La Coruña, España, fue acusado por la fiscalía de su país en 2007 por utilizar el método de tráfico de influencias para la concesión de licencias. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia suspendió la instalación de tres minicentrales sobre el río Deza cuando se estableció que provocarían serios daños ambientales.

Por ello, los “Acuerdos de Paz” firmados en 1996 forman parte de una gran estrategia que los grupos oligárquicos nacionales y extranjeros idearon en complicidad con el gobierno y el Ejército de Guatemala, para encubrir los mecanismos y las tácticas de represión y persecución contra los pueblos históricamente excluidos en este país y vulneran con mayores creces la vida y los derechos de las mujeres y la niñez.

Fuente: Prensa Libre
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