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Capturan a secretario del Juzgado de Santa Eulalia por conducir carro robado

Publicado por Jolom Konob', a las 20:36 horas, del lunes, 8 de mayo de 2017.

Por: Nelton Rivera y Aroldo Mateo.

David Yurambir Rivera Alvarado es abogado y es el secretario del Juzgado de Primera Instancia Penal del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango. Fue detenido el viernes 5 de mayo de 2017 a las 8:30 p.m. en la ciudad de Huehuetenango por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras conducía un vehículo robado.

Yurambir Rivera es un actor clave en el norte de Huehuetenango. Desde el Organismo Judicial facilitó la estrategia de criminalización de autoridades ancestrales y comunitarias a través de los procesos penales, las órdenes de aprehensión y las detenciones desde 2012 hasta 2016. Las autoridades ancestrales y comunitarias rechazan la construcción de hidroeléctricas en la región.

“Aquí vino el señor David Yurambir Rivera, el secretario, nos vino a mentir aquí al tribunal…” estas fueron las palabras de la jueza Yassmin Barrios al momento de presentar la sentencia el Tribunal de Mayor Riesgo A.


En el informe de la Sub Dirección General de Investigación Criminal de ese departamento se detalla que, mientras realizaban una diligencia de trabajo, identificaron el vehículo Mazda color gris en la 1a. calle de la zona 8 de Huehuetenango.

La detención del secretario del Juzgado de Santa Eulalia se realizó frente al complejo deportivo de la CDAG. Los agentes de la PNC determinaron que las placas de circulación P-0531CJR del vehículo en posesión de David Yurambir Rivera correspondían a otro.

“Al sacarle solvencia estas placas, le corresponden a otro vehículo tipo Camioneta Sport, marca Jeep, modelo 1976. Chasis J6M15MN076613. Motor F34-41-56 color beige a nombre de Hidalgo López Israel Damián”.[1]

Los problemas para el secretario del Juzgado de Santa Eulalia no terminaron ahí. Al momento de que los oficiales solicitaron información a la sección de vehículos robados de la DEIC, comparando el número de chasis del Mazda (JM7BK246101115669), confirmaron que este fue robado el 8 de noviembre de 2010, en la 4a. avenida 18-40, zona 14, de la ciudad capital a las 7:00 p.m.

La denuncia del robo se registró en el expediente 623-10 en el Ministerio Público en el departamento de Guatemala, también las placas originales del Mazda son las P-508BKC. Los agentes de la PNC detuvieron en el lugar al secretario del juzgado de Santa Eulalia y lo llevaron ante el juez de turno de Huehuetenango, abriéndose el expediente: oficio número 386-2017.

¿Quién es el Secretario del Juzgado de Santa Eulalia Huehuetenango?

David Yurambir Rivera Alvarado tiene 41 años de edad, nació en el municipio de Santa Eulalia en el territorio norte de Huehuetenango. Realizó sus estudios de nivel medio en el Instituto Normal Mixto Alejandro Córdoba (INMAC) en el departamento de Huehuetenango.

Se graduó como abogado en la Universidad Mariano Gálvez (UMG) y comenzó a ejercer la abogacía. Aplicó para trabajar en el Organismo Judicial (OJ). Luego regresó al municipio de Santa Eulalia como trabajador del Juzgado de Primera Instancia Penal, dentro del Centro de Administración de Justicia (CAJ), posiblemente desde 2012 a la fecha.

Él junto con el juez Luis Fernando Pérez Zamora tienen más de cinco años de permanecer en el CAJ de Santa Eulalia. Para las autoridades ancestrales y comunitarias mayas q’anjob’al de Santa Eulalia, los trabajadores del OJ estaban beneficiando los intereses de las empresas hidroeléctricas en el territorio norte del Huehuetenango.

El CAJ fue trasladado por el OJ a la ciudad de Huehuetenango desde enero de 2015, luego de que dos jóvenes de San Mateo Ixtatán fueran detenidos de forma arbitraria en la madrugada del 19 de enero de ese año.

Ambos funcionarios del OJ fueron testigos en un el juicio que se realizó contra siete autoridades comunitarias del Gobierno Plurinacional de Santa Eulalia y de la Sociedad Civil de Barillas en 2016. Las personas juzgadas fueron criminalizadas y acusadas por oponerse a la empresa Hidro Santa Cruz. El tribunal de Mayor Riesgo A resolvió que las declaraciones testimoniales que ofrecieron eran falsas, este tribunal fue presidido por la jueza Yassmin Barrios.

La justicia está cooptada por el crimen y las empresas

Para el abogado Benito Morales Laynes, quien formó parte del equipo de abogados que conocen los casos de persecución y cárcel política en el norte de Huehuetenango, los operadores de justicia como David Yurambir Rivera Alvarado juegan un papel estratégico y decisivo en los procesos de persecución penal en contra todas aquellas personas que se oponen a los proyectos extractivos en el territorio.

El secretario del Juzgado de Santa Eulalia, por ejemplo, es la persona clave que tiene el control y el manejo sobre todos los expedientes judiciales que se abrieron desde 2011 en el CAJ. Él como secretario y el juez de Paz tuvieron el control sobre los expedientes, los tiempos judiciales y toda la información sobre estos procesos.

Por ejemplo: de 2009 a 2017 hay causas penales y órdenes de aprehensión vigentes en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia promovidas por empresas como la española Hidro Santa Cruz – Ecoener Hidralia, la empresa Proyectos de Desarrollo Hídrico, S.A. (PDHSA) y la empresa Cinco M.

Casos como el de David Yurambir Rivera que logran permanecer durante mucho tiempo en el juzgado de Santa Eulalia por ejemplo, le permiten tener un mayor control de la actividad judicial de la región. En todo este periodo de criminalización en contra de autoridades comunitarias se han realizado varios cambios de los jueces, pero en el caso del secretario del juzgado, este ha permanecido durante varios años.

Con la sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo A en 2016 por el caso de las presos políticos se confirma el perfil de esta persona, que llegó al extremo de llegar a mentir ante el Tribunal de Mayor Riesgo con tal de criminalizar a las personas que solamente están defendiendo sus derechos. El hecho de que ahora aparezca involucrado en el robo de vehículos, es solo una confirmación de que podría estar participando de una estructura mucho más grande que se dedica a este tipo de delitos.

Desde las personas que identifican los vehículos a ser robados, las personas que ejecutan los robos, otras personas que modifican los documentos para después venderlos, o de otros grupos que se dedican al desmantelamiento de vehículos para después venderlos.

Esto nos permite reafirmar que tiene vínculos con una estructura criminal y que desde el CAJ de Santa Eulalia se ha dedicado a articularse con empresas para imponer los proyectos extractivos. Este hecho, la detención del secretario del Juzgado de Santa Eulalia, le da mucha fuerza a las denuncias de la complicidad de este con la estrategia de criminalización de las empresas.



Fuente:
PRENSA COMUNITARIA


Domingo Francisco (Domingo Palxhun) queda libre de cargos

Publicado por Jolom Konob', a las 22:10 horas, del lunes, 27 de febrero de 2017.

Por: Nelton Rivera.

El Ministerio Público MP en Guatemala, solicitó recientemente el sobreseimiento de la causa penal en contra de Domingo Francisco Cristóbal Francisco, autoridad maya Q’anjob’al, el MP con esta acción

luego de un año de investigación, solicitó ante la juzgadora que la persecución penal se suspenda o clausure, porque sencillamente no tienen casusa reales que justifiquen la acción penal de la justicia en contra de don Domingo Francisco, meses antes lo detuvieron y encarcelaron injustamente.

Domingo Francisco se considera uno de varios presos políticos en el país, la juez Claudette Domínguez quien preside el juzgado de Mayor Riesgo A de la ciudad capital, resolvió otorgarle el sobreseimiento y emitió la orden el día 23 de febrero 2017 al Organismo Judicial y a la Policía Nacional Civil –PNC- para que suspendan toda persecución penal en contra de la autoridad comunitaria.

En esta acusación aún quedan personas comunitarias con orden de aprensión, la jueza explicó que aún deben de presentarse ante la justicia, para solucionar su situación jurídica.

Domingo Francisco permaneció en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, a 500 kilómetros de distancia de su hogar, desde el día 28 de octubre hasta el 11 de noviembre 2016, luego la juez Claudette Domínguez resolvió que debía quedar en libertad provisional sin ningún tipo de medida de coerción y esperar 3 meses para que el MP pudiera ampliar su investigación, finalmente llegó la fecha y el MP sin prueba alguna solicitó que este proceso se cerrara.
“Gracias a Dios, tuve hoy la otra audiencia, cuando la jueza señalo 10 días atrás esta nueva fecha, porque los querellantes en mi contra no se presentaron, ni la fiscalía del MP, ni el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni los oficiales del CAJ de Santa Eulalia.
Hoy por fin se presentaron los fiscales del MP, y se dio por terminado este proceso penal, la resolución de la jueza en el caso de mi persona fue favorable, hoy la juez decidió que este caso debe de terminarse.
Los paisanos y los vecinos en el área Q’anjob’al, de los municipios del norte de Huehuetenango, sabemos que allá están los defensores del territorio y de los derechos, así como nosotros, y sabemos que aún hay comunitarios con órdenes de aprensión que no han podido resolver sus casos, pero también ya hay varias autoridades de Barillas y Santa Eulalia que ya logramos resolver estas acusaciones falsas.
Así como nosotros, en Guatemala, como pueblo Maya, que habitamos nuestra Coactemalan (tierra de bosques) en idioma Nahuathl, hemos sufrido ante los tribunales, de la misma forma como nuestros antepasados lo sufrieron igual, que dieron la vida por la lucha de la defensa de los derechos humanos, como la madre tierra, defensa del territorio y la naturaleza, esto no es nada nuevo.
Vemos como ya nos están contaminando el agua, la tierra, las rocas con las minas, simplemente estamos defendiendo que otra gente no se aproveche de los recursos que son de todos, especialmente cuando llegan de otras naciones extranjeras a hacerlo.
Me siento muy contento, tranquilo, dando las gracias a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos, no solo en Guatemala si no tambien en todo el mundo, a mi familia, a los vecinos que vinieron a acompañarme, aquí estamos junto a los hermanos Rigoberto Juárez, y Domingo Baltazar, juntos hemos sufrido la cárcel, hemos sido amenazados, perseguidos y seguimos aquí, con vida, y con libertad.”

Fuente: Prensa Comunitaria

Empresa de militares protege hidroeléctrica en Yich K'isis

Publicado por Jolom Konob', a las 16:12 horas, del lunes, 20 de febrero de 2017.


Empresa de seguridad de militares protege hidroeléctricas en Ixquisis

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La violencia y represión que viene ocurriendo en la región de Ixquisis, denunciada por comunitarios que se oponen a los proyectos hidroeléctricos Pojom I y II, tiene sus orígenes en las entrañas mismas de esas inversiones. En las acciones de la seguridad privada en manos de la empresa SERSECO, se encuentra la explicación. El historial de sus propietarios y representantes legales, ayuda a entender ese accionar.
Por Equipo de Análisis

Los orígenes de SERSECO

Varias veces acusada de reprimir e instigar a los opositores de los proyectos hidroeléctricos Pojom I y II, en la región de Ixquisis, la empresa de seguridad privada SERSECO es puesta en evidencia en la situación actual que se vive en el norte de Huehuetenango.
A SERSECO se le señala de estar involucrada en la violencia contra las comunidades. Guardias privados y comunitarios que apoyan los proyectos, que también han sido contratados como guardias de seguridad, están entre los principales responsables de conformar estructuras paramilitares y de participar en acciones armadas que han ocurrido en la región. Algunos de ellos trabajan vinculados con miembros del destacamento militar cuyas instalaciones se encuentran en propiedad de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos, S.A., que encabeza al grupo propietario de los proyectos hidroeléctricos.
La empresa de seguridad privada opera con el nombre comercial SERSECO, pero su razón social según el Registro Mercantil, está bajo el nombre de Asterisco Inversiones, S.A. tal como aparece en Guatecompras.
Fue inscrita en 1991 y autorizada bajo el Acuerdo Gubernativo 368-94. Su propietario es el coronel retirado Gustavo Adolfo Padilla Morales, quien también es uno de los representantes legales. Otros representantes legales de la empresa son su hijo Lester Bryan Padilla Samayoa y el ingeniero David Bonilla Wallace.
Durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), SERSECO obtuvo contratos de servicios de seguridad con el Fondo Nacional de Desarrollo (FONADES) y el Ministerio de Cultura y Deportes, por un monto de Q7.6 millones. En ese período de tiempo, se convirtió en una de las tres empresas que le da servicios de seguridad privada a Montana Exploradora (Goldcorp) en el proyecto minero Marlin, en San Marcos.
De Padilla Morales se sabe que también tiene el nombre de Gustavo Adolfo Müller, nombres con los cuales se identifica públicamente, según el edicto de cambio de nombre que aparece en el vespertino La Hora el 22 de septiembre de 2014.
Gustavo Adolfo Mueller. Foto: Internet
Gustavo Adolfo Mueller. Foto: Internet
Fuente: https://www.facebook.com/gustavoadolfo.padillamorales

Entre golpes de Estado y la “tierra arrasada”

Padilla Morales fue un oficial que tuvo una participación directa en la guerra contrainsurgente durante los años más cruentos del genocidio, combatiendo en el principal teatro de guerra: el Área Ixil, donde se instauró la estrategia de tierra arrasada y se reportó la destrucción de cientos de aldeas y ocurrieron las principales masacres en el país.
Foto de 1982: Gustavo Adolfo Padilla Morales, entonces teniente, en Nebaj.
Padilla Morales pertenece a la Promoción 71 de 1964, a la cual también pertenece el coronel y diputado del partido gobernante Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien está a punto de perder su derecho a antejuicio por el caso de violaciones a los derechos humanos CREOMPAZ. A esa promoción también pertenece el general Luis Felipe Mirando Trejo, prófugo por el Caso CREOMPAZ.
El nombre de Padilla Morales resonó el 11 de mayo de 1988, cuando junto a otros oficiales denominados “Oficiales de la Montaña” (militares de extrema derecha con conexiones a civiles golpistas de partidos políticos de ultraderecha, como el MLN y CAN) lanzaron una asonada militar que buscó derrocar al gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1990), intento de golpe de Estado que fracasó con la captura de varios de los cabecillas, incluyendo a Padilla Morales, quien ese momento tenía el grado de teniente coronel, y era subcomandante de la Base Militar de Retalhuleu.
Junto a Padilla Morales, se arrestó al Mayor Gustavo Adolfo Díaz López, el principal cabecilla militar; al coronel Gustavo Adolfo Cifuentes Dardón y al teniente Edgar Estrada Portillo, un oficial de inteligencia quien durante el gobierno de Alfonso Portillo y del FRG, fue subsecretario de la entonces Secretaría de Análisis Estratégico (SAE), conocida hoy como Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE). Entre los civiles señalados estuvieron Luis Mendizábal, actualmente prófugo por los casos La Línea y Cooptación del Estado, y Mario David García, ex candidato presidencial del Partido Patriota (PP) en 2015.
Con el grado de coronel, Padilla Morales pasó a retiro para fundar su empresa de seguridad privada SERSECO en 1991.

Seguridad Nacional y SERSECO

Otro de los representantes legales de SERSECO es el ingeniero David Bonilla Wallace, quien durante el gobierno de Otto Pérez Molina fue el subdirector del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INEES) que está adscrito al Consejo Nacional de Seguridad.
Bonilla Wallace laboró en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2011).

Fuente: https://cmiguate.org/empresa-de-seguridad-de-militares-protege-hidroelectricas-en-ixquisis/


 
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